hierba sagrada -la ayahuasca, yagé o caapi

En 1994, los indígenas de la Amazonia descubrieron que una variedad de su hierba sagrada -la ayahuasca, yagé o caapi (Banisteriopsis Caapi)- ya no era suya. Había sido registrada en 1984 en la oficina de Patentes y Registro de Marcas de Estados Unidos, que le concedió a Loren Miller la patente número 05751. Según esa certificación, la empresa Plant Medicine Corporation era la nueva "dueña" del yagé que los indígenas tomaban desde hacía siglos y éste tenía un nuevo nombre científico: Banisteriopsis Caapi (cv) Da Vine. La patente le otorgaba exclusividad a Miller para vender y desarrollar nuevas variedades de la planta y trabajar en la obtención de nuevas medicinas en el campo psiquiátrico y cardiovascular, derivadas de la ayahuasca.

Los indios de la cuenca del río Amazonas han cultivado el yagé desde tiempos muy antiguos para usos medicinales y ceremonias religiosas. Según su visión del mundo, la ayahuasca les brinda el conocimiento de la naturaleza y la cura para muchas enfermedades. Además, es fuente de alucinaciones que les muestran el pasado y el futuro. Por eso los chamanes educan a los jóvenes escribiendo sobre sus cerebros. La tinta de esa escritura es el yagé.

La Confederación Indígena de Comunidades Amazónicas (Coica) solicitó sin éxito la cancelación de la patente por no tener novedad inventiva, ya que la ayahuasca es una planta que crece en forma silvestre en las selvas del Amazonas y además hace parte de su patrimonio sagrado. A pesar de la campaña de desprestigio contra ellos y sus dirigentes -quienes fueron acusados por varios senadores de Estados Unidos, ligados al cartel de Miller, de ser "terroristas"-, en 1999 la Oficina de Patentes y Registro de Marcas decidió suspender provisionalmente su decisión, al admitir el argumento de que la planta era conocida con anterioridad y también había sido usada antes por los indios. Miller no se quedó cruzado de brazos e interpuso una apelación en la que su empresa aseguraba haber cumplido con los requisitos de novedad, no obviedad y utilidad. La Oficina devolvió la patente el 17 de abril de 2001 y desde entonces Plant Medicine Corporation volvió a ser "dueña" del yagé.

El descubrimiento de este robo biológico desató una gran polémica en el mundo. Según muchos etnobiólogos y médicos, la concesión de una patente como la del yagé significa ingresos millonarios a los laboratorios de bioprospección que aprovechan los conocimientos ancestrales de los aborígenes y los recursos biológicos de sus territorios en la Amazonia y otras selvas tropicales de América y el mundo.

Chamanes, organizaciones indígenas y biólogos de varios países latinoamericanos aseguran que después del yagé se han patentado otras variedades vegetales de uso ancestral, como la uña de gato, la sangre de drago, la quinina, la quinua y el campu, casi todas con aplicaciones medicinales. Este es un triste ejemplo de la forma en que es entendida la propiedad intelectual de los pueblos indígenas en los países industrializados, que hoy hacen una fuerte presión internacional para imponer a nivel global su sistema de patentes, sobre todo en las negociaciones de nuevos tratados comerciales, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) que discuten los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Un artículo de ese tratado -el número ocho, que autoriza las biopatentes- es fatal no sólo para los indígenas colombianos, sino para millones de pacientes del sistema nacional de salud que se verán obligados a consumir a precios muy altos, y tal vez inalcanzables, medicamentos patentados por laboratorios extranjeros, a pesar de que han sido fabricados -¡qué ironía!- con plantas nacidas en selvas colombianas y cuyas propiedades medicinales han sido descubiertas por nuestros chamanes indígenas.

El problema de las patentes tiene que ver no sólo con especies vegetales, microorganismos y especies animales como el oncorratón de la Du Pont; la oveja Dolly, del Instituto Rosly; la Bacteria del suelo y la Oveja Tracey. En los últimos años algunas compañías farmacéuticas como Biocyte, Avicord, InBio, Merck, Shaman Pharmaceuticals y otras empresas vinculadas a proyectos como el del Genoma Humano han obtenido miles de patentes de genes y células humanas. Es el caso de la línea celular de John Moore, un ciudadano de Estados Unidos: en una intervención quirúrgica se le extrajo su bazo y se encontró que las células de este órgano producían una proteína útil para la terapia de la leucemia. Moore demandó la patente, pero una Corte decidió que él no tenía derecho sobre sus células una vez salieran de su cuerpo. Algunos laboratorios también han patentado células sanguíneas de los cordones umbilicales de recién nacidos para usarlas en trasplantes de sangre y de médula. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos ha obtenido patentes de Retrovirus HTLV encontrados en la sangre y en las líneas celulares de indígenas de diversos pueblos del mundo. Algunas de estas patentes fueron retiradas por presión internacional.

El periodista Daniel Samper Pizano, de El Tiempo, dice que en Colombia la negociación del artículo ocho del TLC es una pelea entre tiburones y caperucitas. Samper cuenta que el economista William Fadul preguntó al ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, en un foro sobre el TLC, cómo reaccionar ante la exigencia de Washington de aceptar patentes y derechos intelectuales sobre seres vivos. La respuesta de Salinas fue desconcertante, pero sincera: "No puedo responder, no soy experto en el tema". ¡Eso dice uno de los propietarios del periódico The Wall Street Journal, el mismo que firmó el primer tratado de libre comercio entre Estados Unidos y un país latinoamericano! Si Carlos Salinas no sabe, ¿qué podrá saber un indígena de la Amazonia o un obrero colombiano?

Samper asegura que tras el artículo ocho, que autoriza las biopatentes, se agazapan los intereses de muchos laboratorios multinacionales, y detrás de cada uno, un hormiguero de abogados duchos en volver propiedad privada lo que ha sido conocimiento colectivo tradicional.

Mucha gente no lo sabe, pero la biodiversidad produce enormes riquezas que están engordando a poderosos saqueadores de los recursos biogenéticos de las zonas tropicales. Hace diez años, el comercio anual de grandes laboratorios con medicamentos basados en plantas y sabiduría indígena alcanzó 43 mil millones de dólares, y el tráfico de semillas 13 mil millones. La antropóloga colombiana Elizabeth Reichel dice que "la bioprospección es un mecanismo para obtener material biológico con destino a países desarrollados para surtir la base de sus industrias farmacéuticas, de producción de semillas, perfumes, pinturas, gomas y resinas, remedios y venenos y otros materiales. Luego de transformado, ese material ingresa al mercado en productos cuyo propietario o firma comercial detenta legalmente el monopolio del 'invento' o 'descubrimiento', y en algunos casos es respaldado por patentes".

El año pasado, la organización Médicos Sin Fronteras hizo un llamamiento a los países de América Latina para que excluyeran todas las disposiciones relativas a la propiedad intelectual contenidas en los tratados de libre comercio. "Si allí se proponen nuevas y más estrictas normas sobre propiedad intelectual, eso perjudicará la salud de los países americanos", dijeron los médicos. Por estas y muchas razones más, ningún gobierno que diga que lucha por el bien común y defiende los intereses de nuestro país puede firmar el capítulo ocho del TLC sin cometer un crimen contra los colombianos.

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